Martínez Pozo afirma que caso Calamar va hacia la nada

 

Santo Domingo, 19 de septiembre de 2025. El periodista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, sostuvo este viernes que el denominado caso Calamar se dirige hacia la nada y que en el caso de Donald Guerrero se ha vulnerado su derecho elemental a la defensa. En su comentario de hoy, el comunicador recordó que este proceso “nació cojeando”, sostenido únicamente por un escándalo mediático que lo presentó como el mayor expediente de corrupción en la historia del país. Sin embargo, al llevarse al plano judicial, las acusaciones han ido desmoronándose.

Martínez Pozo calificó de “ridículo” que se intentara construir un expediente a partir de decisiones mediáticas. Inicialmente, se habló de un supuesto fraude de RD$ 19,000 millones, pero en el expediente solo se contemplan RD$ 12,500 millones, de los cuales una parte ni siquiera fue pagada.

El periodista enfatizó que no puede configurarse una estafa cuando se pagó al título de terrenos con su precio justo, avalado por sentencias definitivas. Al no poder alegar perjuicio al Estado, el Ministerio Público recurrió a decenas de querellantes particulares, algunos de los cuales alegaron estafas en terrenos que nunca fueron pagados. “Si no hubo pago, no puede haber estafa”, subrayó.

Incluso, agregó, las sospechas de soborno quedaron sin sustento, pues los supuestos sobornadores nunca admitieron haber sobornado a nadie. Se produjeron acuerdos voluntarios con entrega de bienes y dinero, pero sin admisión de delito ni procesos penales abreviados que pudieran sostener la acusación en juicio.

Uno de los puntos más graves, destacó Martínez Pozo, es que el proceso ha superado ya los cuatro años establecidos en el Código Procesal Penal, mientras la defensa de Donald Guerrero denunció que el informe de la Contraloría General —utilizado por el PEPCA como punto de partida de la Operación Calamar— nunca le fue notificado. Esto constituye una violación al derecho de defensa y al debido proceso, además de contravenir la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas frente a la Administración Pública.

Para Martínez Pozo, este caso solo cumplió una función política y mediática, pero al aterrizar en los tribunales exhibe profundas debilidades: los supuestos sobornadores quedaron fuera, varios querellantes retiraron sus denuncias y la base jurídica del expediente es endeble. “Esto ha sido un show sin resultados para la sociedad, salvo el enorme costo de un proceso que no le ha dejado ningún beneficio al país”, concluyó.