PARTICIPACION CIUDADANA CLAMA POR EL FIN DE LA IMPUNIDAD

 

Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de Participación Ciudadana expresa su profunda preocupación y alerta a la sociedad dominicana por la lentitud con que marchan los casos de corrupción que cursan desde hace varios años en el sistema judicial.

El 2025 transcurrió con escasos avances en los tribunales, donde solo un caso ha recibido sentencia de fondo, mientras los demás siguen estancados en constantes incidentes y reenvíos. La realidad es que los tribunales dominicanos siguen atrapados en su tradicional imposibilidad de enfrentar las estrategias dilatorias y evasivas de los grandes acusados de corrupción administrativa, convirtiéndose esta situación en el principal obstáculo para que el país avance en una lucha contra un mal que tanto daño ha causado. 

Nuevos casos de escandalosa corrupción han llegado a los tribunales, como el de SENASA y el del INTRANT, lo cual indica que todavía la sociedad dominicana no puede bajar la guardia, ya que siguen fallando los controles y algunos funcionarios públicos confían en que sus acciones podrán quedar impunes.      

El pasado 7 de enero, el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana pasó, en los últimos seis años, de un sistema marcado por la mora crónica, la baja confianza ciudadana y la opacidad institucional, a uno con reducción sustancial de retrasos. 

En Participación Ciudadana hemos reconocido algunos avances, especialmente en la parte administrativa, pero lamentamos que esto no se haya manifestado en la agilización y eficacia de los grandes casos de corrupción. 

Resulta evidente que la estrategia de muchos imputados ha sido exitosa en dilatar el conocimiento de los juicios preliminares y de fondo, con innumerables incidentes que tienen la clara finalidad de invocar la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos. Cientos de reenvíos amparados en las más diversas y a veces baladíes razones, han burlado los esfuerzos de fiscales y jueces por avanzar. 

Para ilustrar la situación basta con citar los principales expedientes que cursan actualmente:

• El caso contra Alexis Medina Sánchez y compartes, iniciado en diciembre del 2020, es el primero y único en recibir sentencia, en agosto del 2025, encontrándose ahora en proceso de apelación.

• El caso Adán Cáceres y compartes iniciado en diciembre del 2021, más de 4 años después, en este momento se encuentra en su etapa final ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con la presentación de alegatos finales de la defensa.

• El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, inició en julio del 2021. La etapa preliminar requirió 95 audiencias en tres años hasta julio del 2024. Un año y ocho meses después, con 22 audiencias frustradas, todavía no ha podido iniciar el juicio de fondo. 

• El caso contra Donald Guerrero y compartes inició en abril del 2023. A casi 3 años todavía no ha pasado a juicio de fondo. 

• El caso contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados, iniciado en octubre del 2024, acaba de ser solicitado el inicio del juicio de instrucción.

• El caso SENASA, uno de los más grandes, complejos y escandalosos que se han procesado en el país, se encuentra todavía en investigación por el Ministerio Público.

Estos 6 casos, que involucran decenas de miles de millones de pesos sustraídos al Estado, son un ejemplo vivo de la incapacidad del sistema de justicia para conocer y decidir el fondo de los expedientes de forma ágil y firme. 

El Tribunal Constitucional, por sentencia TC/0303/20, decidió que el plazo de duración máxima de un proceso penal establecido en el Código Procesal Penal no es un plazo matemático y que puede ser extendido en determinadas condiciones. Un cambio de criterio para favorecer la impunidad sólo generaría frustración en la sociedad dominicana y perjudicaría al poder judicial, pues son los jueces los encargados de controlar los tiempos en los procesos judiciales. 

Sin importar quién sea responsable, la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima de los procesos, en cualquier caso, es un grave signo de descomposición y retroceso del sistema de justicia.

Confiamos en que la sociedad dominicana no permitirá que esto suceda. El país no puede volver atrás, la tolerancia y encubrimiento de la corrupción deben quedar en el pasado. Nuestros jóvenes merecen crecer y vivir en un país honesto. 

Basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados. 

Jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción. 

La 32 ava Asamblea General Ordinaria de PC espera que todos los procesos pendientes deben ser conocidos en este año 2026.