Querellantes de las familias Reyes y Mota desisten de acción contra Donald Guerrero y Ángel Lockward
Las familias reiteraron el desestimiento en la audiencia preliminar tras indicar que los pagos vinculados al caso fueron realizados dentro del marco de la ley
Santo Domingo, 16 de marzo de 2026. Los representantes de las familias Reyes y Mota desistieron este pasado viernes de la querella que habían interpuesto contra Donald Guerrero y Ángel Lockward, durante el conocimiento de la audiencia preliminar que se celebra en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez.
El desistimiento fue reiterado en medio de la fase de réplicas de los distintos querellantes que participan en el proceso. Durante su intervención ante el tribunal, los representantes de estas familias señalaron que, tras revisar los elementos relacionados con el caso, los pagos realizados se efectuaron correctamente, lo que motivó su decisión de retirar formalmente la acción de querella dentro del expediente.
En sus exposiciones ante el tribunal indicaron que los compromisos vinculados a esos pagos fueron cumplidos conforme a lo acordado, lo que incide en la valoración de los hechos atribuidos dentro del proceso que se conoce en esta etapa preliminar.
Esta acción se suma a una serie de decisiones similares adoptadas por distintos querellantes a lo largo del proceso. En las últimas audiencias, varios representantes de propietarios vinculados a los terrenos objeto del expediente han optado por retirar sus acciones tras revisar los elementos relacionados con los pagos y las operaciones bajo análisis.
Con las decisiones comunicadas por las familias Reyes y Mota, ya son decenas los querellantes que han desistido de sus acciones contra Donald Guerrero, circunstancia que pasa a formar parte del conjunto de elementos que el tribunal deberá ponderar en esta etapa preliminar del proceso.
Al referirse al desistimiento, la abogada María del Pilar Zuleta, integrante de la defensa de Donald Guerrero, afirmó que esta decisión evidencia debilidades en los planteamientos sostenidos por el Ministerio Público. “Este desistimiento es una muestra de que la teoría del Ministerio Público no fue construida sobre la revisión de hechos objetivos debidamente validados. Los pagos aprobados por nuestro cliente mientras ejercía funciones públicas se efectuaron con transparencia y en apego a los controles establecidos en las instituciones del Estado”, expresó.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.





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