Julio Cury sostiene que en el caso de Donald Guerrero la extinción de la acción penal debería ser automática

 El abogado afirma que la defensa de Donald Guerrero no ha presentado ni un solo recurso o incidente orientado a dilatar el proceso y que el vencimiento del plazo máximo responde exclusivamente al manejo y conducción del caso por parte del Ministerio Público.

Santo Domingo, RD.- El abogado Julio Cury sostuvo que la extinción de la acción penal en el caso seguido contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero debería producirse de manera automática, al considerar que ha vencido ampliamente el plazo máximo de duración del proceso sin que pueda atribuirse esa demora a actuaciones dilatorias de la defensa.

Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101, Cury recordó que Guerrero fue citado a comparecer ante el Ministerio Público en febrero de 2021, fecha que —a su juicio— marca el inicio del cómputo procesal. Explicó que, desde entonces, comenzó a correr el plazo máximo sin que se produjera una resolución definitiva dentro del término legal.

“Hay una extinción de cajón”, expresó el jurista, subrayando que Guerrero “nunca ha presentado un incidente a lo largo del proceso”, lo que refuerza aún más la improcedencia de atribuir a la defensa la dilación del expediente.

Cury sostuvo que, si el proceso no ha concluido dentro del plazo legal, la responsabilidad debe recaer exclusivamente sobre el órgano acusador, que tiene la carga de dirigir la investigación y presentar acusación en tiempo oportuno. “A quien hay que cuestionar a partir de la extinción es al Ministerio Público, que no ha sido capaz de llevar el proceso a término sin dejar vencer el plazo de la duración máxima”, señaló.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el más reciente Código Procesal Penal aprobado en 2025 establecen que la duración máxima de un proceso penal es de tres años, prorrogable únicamente hasta cuatro años en los casos declarados complejos. En el caso relacionado con el exministro de Hacienda, el plazo máximo de duración del proceso se habría cumplido hace ya cerca de dos años.

El abogado también criticó que contra Guerrero se mantuvieran durante años medidas que calificó como arbitrarias, entre ellas una alerta migratoria colocada en noviembre de 2020 y otras restricciones, sin que existiera una acusación formal presentada oportunamente. Recordó que, según sus declaraciones, el exministro permaneció mas de dos años bajo limitaciones sin que se le imputaran cargos concretos, situación que calificó como un exceso incompatible con las garantías fundamentales del debido proceso.

Cury enmarcó el caso de Donald Guerrero dentro de una crítica más amplia a los grandes expedientes de corrupción administrativa, al considerar que el Ministerio Público ha construido procesos excesivamente voluminosos, difíciles de manejar y orientados a juzgar gestiones completas más que conductas penales específicas.

Según advirtió, esa estrategia termina generando procesos inmanejables que, lejos de fortalecer la persecución penal, terminan debilitando los propios casos y acercándolos inevitablemente a la extinción. “Cuando el Estado no puede sostener un proceso dentro de los límites que impone la ley, la consecuencia jurídica no puede ignorarse”, concluyó.