Cuando la corrupción se premia, la institución pierde su autoridad moral

 

Por Juan Veras

SANTO DOMINGO, RD.- Las instituciones no se fortalecen por la antigüedad de sus estatutos ni por la solemnidad de sus ceremonias. Se fortalecen cuando quienes las dirigen son capaces de honrar los principios que les dieron origen. La autoridad no nace del cargo, sino del ejemplo. Cuando ese ejemplo desaparece, comienza el deterioro moral de toda la organización.

Resulta profundamente preocupante que en una institución donde las autoridades deberían ser las primeras defensoras de las buenas costumbres y del comportamiento ético, ocurra exactamente lo contrario: que las malas prácticas administrativas sean toleradas, justificadas e incluso premiadas. Esa realidad no solo representa un fracaso de quienes gobiernan, sino una traición a los valores que la institución dice defender.

Premiar a quienes han actuado de manera incorrecta equivale a castigar silenciosamente a quienes han sido honestos. El mensaje que recibe la membresía es devastador: la transparencia no tiene recompensa, el cumplimiento de las normas carece de importancia y la lealtad a los principios puede convertirse en una desventaja. Ninguna organización puede aspirar a la grandeza cuando invierte la escala de sus valores.

Las consecuencias de esa conducta son inevitables. La corrupción administrativa deja de ser una excepción para convertirse en una práctica aceptada. Poco a poco desaparecen la confianza, el respeto y el sentido de pertenencia, mientras se instala una peligrosa cultura de impunidad donde las decisiones dejan de responder al interés colectivo para servir a intereses particulares.

Toda institución que pierde su autoridad moral termina perdiendo también su capacidad de exigir disciplina a sus miembros. ¿Con qué legitimidad puede una autoridad reclamar el cumplimiento de las normas cuando ella misma premia a quienes las violan? La incoherencia destruye el liderazgo mucho más rápido que cualquier adversario externo.

Ha llegado el momento de una profunda revisión institucional. No se trata únicamente de identificar responsables, sino de recuperar el compromiso con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Callar frente a las irregularidades por conveniencia o temor convierte a los testigos en cómplices del deterioro institucional.

Las autoridades deben comprender que su mayor patrimonio no es el poder temporal que les concede un cargo, sino la confianza que depositan en ellas los miembros de la institución. Esa confianza solo puede conservarse mediante decisiones justas, transparentes y coherentes con los principios que juraron defender. Cuando el favoritismo sustituye al mérito y la impunidad reemplaza a la justicia, la institución comienza a perder su razón de ser.

Una verdadera institución no necesita dirigentes que administren privilegios, sino líderes capaces de defender los valores por encima de los intereses personales. La historia demuestra que las organizaciones no desaparecen por falta de recursos, sino por la pérdida de sus principios. Si queremos dejar una institución digna para las futuras generaciones, debemos erradicar toda forma de corrupción administrativa y exigir que quienes ocupen posiciones de autoridad sean un motivo de orgullo para la membresía y nunca una vergüenza para quienes creen en el honor, la justicia y la verdad.